DESEMPLEO, POBREZA, Y DESIGUALDAD EN COLOMBIA.

Nada más propicio para la actual coyuntura del país que profundizar la discusión sobre un tema que debe avergonzar a la sociedad colombiana: el desempleo y su inevitable secuela la pobreza. Colombia, en la primera década del siglo XXI se insinúa como una sociedad inequitativa e injusta socialmente que en lugar de avanzar en la lucha contra la pobreza, muestra indicadores de retroceso recurrentes, que condenan a la inmensa mayoría de los colombianos a no poder acceder a las oportunidades de calidad de vida y bienestar que ofrece a un grupo de privilegiados, que no han asumido el papel y la responsabilidad que les corresponde. El Estado es expoliado permanentemente y la sanción social no se deja sentir; la pobreza se extiende como el mayor cáncer social del presente siglo, ante la mirada indiferente de quienes tienen el poder y la capacidad de invertir la tendencia secular de la creciente curva de pobreza e indigencia.

El Estado colombiano, bajo la égida de sus diferentes gobiernos ha formulado y desarrollado planes de lucha contra el desempleo y la pobreza, pero hasta ahora no existe un política pública que garantice estrategias de carácter permanente y de largo plazo, ni acciones que no estén sometidas al vaivén de las angustias fiscales; la lucha contra la pobreza pasa en Colombia, por los trámites burocráticos periódicos de cualquier actividad de gobierno, como si el problema fuera uno más de entre los que acosan al País y no el problema real que está erosionando lentamente pero de manera segura la gobernabilidad democrática de la República.

El País, según un reciente informe del PNUD pasó del lugar 64 al 73 en el Indice de Desarrollo Humano (IDH), como consecuencia, entre otros, de la caída del Producto Interno Bruto por habitante (PIBH); el informe señala que el 8,2 por ciento de la población vive en extrema pobreza, es decir, con un dólar diario o menos; según datos de la Contraloría General de la Nación, la pobreza en Colombia pasó de 52,8% en 1996 a 64,3%, en tanto que la indigencia, aumentó del 18,7% al 31,1% en 2003, mientras que el reparto de la riqueza es cada vez más desigual; El coeficiente Gini que mide la inequidad en la distribución del ingreso está entre los más altos del mundo, En el 2004 Colombia fue el noveno país más desigual, el 20% más pobre pasó de recibir el 3,0% del ingreso nacional en 1996 al 2,7% en 1999.
“Ya es una pésima noticia que nuestro país pierda puestos en materia de desarrollo humano. Que nos ganen en el campeonato de la inequidad en la distribución del ingreso es francamente vergonzoso”.

La pobreza en Colombia, está íntimamente relacionada con el desempleo; pero el desempleo está a la vez condicionado por la incapacidad de generar el número y calidad de empleos que se requiere para contrarrestar al gran peso que la informalidad tiene sobre la economía; al creciente número de desplazados, que no solo dejan de producir en sus sitios de origen sino que se convierten en una carga social adicional e improductiva, en las ciudades de destino. Según Hernando de Soto “Si lograramos integrar la economía informal en el cauce de la sociedad y liberar el potencial de riqueza que ella encierra, los países como Colombia podrían acelerar su crecimiento y reducir en décadas el tiempo necesario para la erradicación de la pobreza”; a lo anterior se suma el número cada vez mayor de discapacitados que está dejando la guerra interna y que las empresas miran con indiferencia y, por último a la carga social creciente de una masa de jóvenes, en particular de mujeres, que no tienen opción de vida y que ingresan a las filas de la prostitución temprana, de la delincuencia común, la guerrilla y el narcotráfico; todo lo anterior enmarcado en una actitud de pasividad de la sociedad y de las empresas, que no han comprendido a plenitud, el papel que les corresponde y cómo asumir la Responsabilidad Social que demanda la crítica situación del país, pero también a los precarios índices de crecimiento de los últimos diez años.

Todo lo anterior ha creado un modelo de sociedad excluyente e inequitativa, que profundiza la pobreza y que es incapaz de generar los niveles de desarrollo sostenible para generar riqueza, en un ambiente de falta de responsabilidad social de quienes logran la acumulación de bienes.

En este orden de ideas surge la pregunta de si es suficiente la estrategia de seguir acometiendo las reformas pensional y tributaria que son inevitables, por fuera de un marco más amplio de una Política Pública de lucha contra el la pobreza, el desempleo y la inequidad social, que involucre planes, estrategias y acciones de carácter transversal y vertical, de corto, mediano y largo plazo, pero ante todo que comprenda las diferencias tipológicas regionales.

Se dice que la mejor forma de redistribuir el ingreso, es a través de los sistema tributarios efectivos, sin embargo en Colombia, la tributación está herida de muerte por las continuas y mal llamadas reformas, que solo buscan el balance fiscal, en una terco modelo en el cual impera el inmediatismo ortodoxo, en sacrificio del pragmatismo político que obligaría a sacrificios en el corto plazo, con réditos mucho mayores en el largo plazo.

Pero si el modelo fiscal no ha podido responder a los requerimientos de redistribución de una sociedad profundamente afectada por los flagelos mencionados, no es menos cierto que el modelo socio-político y del cual se deriva el anterior, tampoco ha funcionado.

Es acaso el momento de airear nuestro esquema de funcionamiento como nación de manera que, sin desconocer los fenómenos de una economía globalizada, podamos incursionar en la aplicación de los principios de un pensamiento que compense los extremos en que estamos y que busque el equilibrio entre mercado y desigualdad? Bajo este nuevo modelo, los principios básicos de la operación del estado y de la sociedad, descasarían sobre una trípode de principios: la responsabilidad, en cabeza de los empresarios. El empresario en desarrollo de su función primordial de ser generador de riqueza con responsabilidad social, se convertiría en el motor de la lucha contra la desigualdad y la pobreza, a través de empresas modernas, competitivas, internacionalizadas, generadoras de una nueva clase de empleo más productivo y estable, mediante el cual la retribución al trabajo, estaría medida por la productividad jalonando de esta manera el crecimiento de las empresas de las cuales derivan sus ingresos y no por la actual falacia de un salario mínimo que busca eternizar la pobreza y la incapacidad de los trabajadores de aumentar el consumo. La demanda interna sería el motor primario del crecimiento apalancado por procesos de exportación de productos de valor agregado o dirigidos a nichos de mercado, no cubiertos por los grandes jugadores internacionales.

El actual sistema de remuneración mínima, constituye el techo y no la base de una forma de retribución que aleja el ingreso familiar del costo de la canasta, haciendo que cada vez que se profundice la diferencia, el número de personas por familia que tiene que trabajar sea mayor, contribuyendo de esta manera, al incremento del desempleo.

El segundo de los pilares del modelo es la solidaridad, entendida como el compromiso de los diversos actores económicos con el bienestar, buscando niveles óptimos de aporte e interrelación, que eviten beneficiar free-riders o actores que se favorecen de la inversión que otros hacen en la construcción del entorno social y económico. En otras palabras es Bienestar para todos.

El tercer pilar es el de la subsidiaridad o sea el papel del estado orientado a evitar concentraciones y abuso del poder económico, impedir los monopolios y fomentar las pequeñas y medianas empresas para garantizar, efectivamente, el derecho a la libre competencia, como condición para promover la innovación y el crecimiento; con lo cual se garantiza que los derechos constitucionales y en particular los derechos fundamentales, son un límite a la política económica. Todo lo anterior dentrote un orden social y laboral cuyo objetivo incluya la erradicación de la pobreza extrema, tanto como la promoción de la participación de todos los ciudadanos en el proceso de desarrollo económico.

cifras y datos:
José David Lamk Valencia